Pandanés acumuló una caída del consumo superior al 50% antes del cierre de sus 25 sucursales y la Justicia abrió un salvataje

La caída del consumo superior al 50% en términos reales fue el dato central que la propia cadena de panaderías Pandanés incorporó al expediente judicial para explicar el cierre de sus 25 sucursales en el área metropolitana y la desvinculación de 150 empleados, según consta en la presentación concursal tramitada ante el Juzgado Comercial N.º 15. La firma señaló una cesación de pagos que se arrastra desde octubre de 2025, cuando la facturación comenzó a quedar por debajo de los compromisos corrientes, y describió un proceso de deterioro que, según su propia lectura, se volvió irreversible en los últimos meses.

En paralelo, la empresa apuntó contra el sobredimensionamiento de su planta industrial de 1.778 metros cuadrados, inaugurada en noviembre de 2022 y pensada para abastecer hasta 50 locales propios, y contra la suba sostenida de los costos fijos: alquileres, energía y personal con paritarias al día, además del precio internacional de la harina. La gerente Lise Lundme Funch sostuvo que esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos, y que las renegociaciones con proveedores, locadores y el fisco no alcanzaron para revertir la situación.

El salvataje y el escenario laboral

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, ordenó abrir un registro de cinco días hábiles para que acreedores, cooperativas de trabajadores o terceros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de compra de cuotas sociales. El pasivo reconocido en el concurso ronda los 1.200 millones de pesos, una cifra equivalente, a modo de referencia de bolsillo, al equivalente de más de 1.500 ventas promedio en mostrador para una sucursal tipo de la cadena.

• 25 sucursales cerradas en el área metropolitana.
• 150 empleados desvinculados, notificados por WhatsApp y sin telegramas de despido.
• Pasivo concursal cercano a 1.200 millones de pesos.
• Planta industrial de 1.778 metros cuadrados ociosa frente a la red reducida.

En el frente laboral, los trabajadores todavía no pudieron retirar sus pertenencias de los locales y la sindicatura detectó que la firma no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y los aportes previsionales del personal, lo que configura un pasivo laboral que se suma al concursal. Para los estudios jurídicos consultados, el procedimiento de salvataje abre una ventana acotada de cinco días hábiles en la que la cooperativa de trabajadores u otro operador podrá formular una propuesta de continuidad; si no se presenta ninguna oferta viable, el expediente volverá al tribunal para que se expida sobre la quiebra solicitada.