Templo Filadelfia: 27 condenas y más de $2.170 millones en reparaciones por explotación bajo fachada religiosa

El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a 27 personas como integrantes de la organización conocida como Templo Filadelfia y fijó reparaciones económicas por 2.170.467.831,20 pesos para 27 víctimas, en el cierre de un juicio que investigó a una estructura que funcionó bajo apariencia religiosa y sometió a personas a explotación laboral y reducción a la servidumbre durante casi cinco décadas.

La lectura del veredicto dejó como pena más alta la aplicada a Eva Petrona Pereyra, considerada por el tribunal jefa u organizadora de la asociación ilícita. Recibió 24 años de prisión como coautora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada, y fue condenada además como partícipe necesaria en hechos de supresión de identidad, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público.

Las condenas y las absoluciones parciales

Rigoberto Ismael Mora Bogado fue condenado a 21 años y otros siete acusados recibieron 18 años de prisión. El fiscal general Alberto Gentili había solicitado penas coincidentes con las finalmente impuestas. En dos casos se registraron absoluciones: Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich fueron condenados únicamente por asociación ilícita y absueltos por trata agravada y reducción a la servidumbre.

• Eva Petrona Pereyra: 24 años, jefa de la asociación ilícita y coautora de los delitos principales.
• Rigoberto Ismael Mora Bogado: 21 años de prisión.
• Siete acusados: 18 años cada uno.
• Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich: condenados solo por asociación ilícita y absueltos por trata y servidumbre.
• Prescripción declarada respecto de hechos que perjudicaron a nueve personas.
• Absolución para Pereyra en una acusación por abuso sexual por prescripción.

Reparaciones, decomisos y dimensiones del patrimonio

El tribunal ordenó decomisar 46 inmuebles distribuidos en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro, además de 12 vehículos y dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera. También dispuso la subasta de otros 15 automotores, una medida que había sido ordenada durante la instrucción de la causa. Las reparaciones económicas fijadas para las víctimas representan el principal componente del resarcimiento dispuesto en el fallo.

Durante el debate oral quedó acreditado que la estructura operó al menos desde 1972 hasta el 1 de diciembre de 2020, con sede central en San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintos puntos del país, además de Paraguay y Brasil. Gentili describió ante el tribunal un sistema de sometimiento que combinó trabajo explotado, aislamiento, vigilancia, sanciones y restricciones sobre los vínculos personales y la vida afectiva de las víctimas.

El fallo declaró la prescripción de determinados hechos que perjudicaron a nueve personas y de una acusación por abuso sexual contra Pereyra, lo que marca el límite temporal de la intervención penal en esos puntos. La causa queda a la espera de eventuales recursos y del cumplimiento de las medidas patrimoniales ordenadas, mientras el tribunal remitirá las piezas correspondientes para ejecutar los decomisos y las reparaciones fijadas.