Cinco fiscales pidieron detener a exdirectivos del Puerto de Rosario por lavado vinculado al narcotráfico y a la familia Pujol

Un equipo de cinco fiscales federales solicitó esta semana una serie de detenciones en el marco de una causa que investiga el uso de Terminal Puerto Rosario (TPR) para blanquear dinero proveniente de dos focos de actividad ilícita: los sobornos cobrados en España por una familia investigada por corrupción y las ganancias del narcotráfico en Rosario. El expediente, a cargo del Ministerio Público Fiscal, sostiene que la concesionaria del puerto funcionó como pantalla durante casi 16 años.

El contador ya condenado por narcotráfico

El eje de la acusación recae sobre Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, un tribunal oral lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. La sentencia acreditó que Shanahan proveyó dólares desde una financiera ubicada en calle España al 889, considerada una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, para la compra de cocaína.

Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, distintas divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego, de acuerdo con lo documentado en la causa anterior.

Los fondos catalanes que ingresaron al puerto

El expediente actual suma un segundo capítulo. Entre 2004 y 2005, según sostienen los fiscales, ingresaron a TPR unos 1.850.000 euros transferidos desde una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola. Ese capital fue canalizado a una sociedad local que lo destinó a financiar el crecimiento de la concesionaria portuaria.

La justicia española, mediante un fallo confirmado en 2021, ya había declarado que el patrimonio acumulado por esa familia tenía origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y de licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El esquema de tres pasos

• El dinero de presunto origen ilícito ingresaba al puerto disfrazado de inversión societaria entre 2004 y 2005.
• Entre 2010 y 2012, el paquete accionario de la terminal se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo ingresado como "inversión" egresaba como "precio de venta".
• Parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que transfirió al menos 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos a nombre del principal imputado.

El mecanismo final y el embargo solicitado

Para la última etapa, los fiscales describen al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de convertir papeles en dinero físico y completar el circuito de blanqueo.

El pedido de embargo sobre los bienes de los imputados asciende a unos 100 millones de dólares, según consta en el requerimiento fiscal. La causa, que mantiene a Shanahan como principal señalado y a Pujol Ferrusola como partícipe necesario del ingreso de los fondos, quedó a disposición del juzgado federal que deberá resolver las solicitudes de detención y las medidas cautelares sobre el patrimonio.